Hurtar un móvil será castigado con más pena que desviar dinero público para un referéndum ilegal

La reforma del delito de malversación pactada por Pedro Sánchez con ERC reduce las penas por desviar dinero público a un fin distinto al previsto a una mera multa. Ése sería, sostienen los separatistas, el caso de los dirigentes del procés. La sanción, mínima, es inferior a otros delitos recogidos en el Código Penal, como el hurto, castigado con entre seis y 18 meses de cárcel cuando la cuantía de lo sustraído exceda los 400 euros. Una reciente reforma impulsada por el Gobierno y aprobada este verano contempla además esa misma pena para los autores que reincidan en la comisión de al menos tres hurtos leves, cuando sumen más de esa cantidad.

La enmienda acordada por el Gobierno con los separatistas, y aprobada el pasado jueves en el Congreso, crea un nuevo tipo de malversación que pena con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado». Pero eso únicamente en el caso de que «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». Si no se aprecia ese daño o entorpecimiento -como sostienen los independentistas que ocurrió en la organización del 1-O- la inhabilitación caería a entre 1 y 3 años y se impondría una multa de entre tres y 12 meses. No se contempla prisión.

Además, Sánchez y sus socios proponen que, si el culpable de cualquiera de los nuevos tipos de malversación -con o sin ánimo de lucro- devuelve el dinero o colabora con las autoridades para esclarecer los hechos, «los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados».

La reforma penal permitirá reducir la inhabilitación a los condenados por el procés, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras -que fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación- y aplicar penas menores a los fugados de la Justicia, como Carles Puigdemont.

Desde ERC afirman que el nuevo tipo delictivo creado para favorecer a los dirigentes del procés no se corresponde con la organización del referéndum ilegal porque, según sostienen, no se entorpeció el servicio público.

«Convivencia»

Precisamente, mientras Sánchez contentaba al independentismo con esta nueva cesión, el pasado lunes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitía una circular destinada a todos los fiscales para interpretar la nueva modalidad del delito de hurto para delincuentes reincidentes, sancionando más gravemente los casos de hurtos leves no superiores a 400 euros cuando se producen de forma reiterativa.

El Gobierno ha defendido esta nueva versión del delito de malversación por la «convivencia» en Cataluña. «Hay que devolver la confrontación y el debate al territorio de la política y sacarlo de los juzgados», afirmó el propio Pedro Sánchez el pasado fin de semana. Desde Moncloa sostienen que «uno de los objetivos era la recuperación de la convivencia y la concordia» y que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno «se cumple la ley en Cataluña».

La realidad es que esta nueva cesión se suma a la reforma de la sedición que conllevará la supresión total de este delito. En su lugar, el Gobierno ha creado uno de «desórdenes públicos agravados» en el que, sin embargo, no encuentran un fácil acomodo los hechos del procés.